La Justicia confirma el decomiso millonario en la causa Vialidad
En un nuevo capítulo clave del expediente Vialidad, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dictó un fallo determinante: rechazó los recursos de las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, y dejó firme el decomiso por aproximadamente 684.990 millones de pesos.
La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron que el TOF 2 (Tribunal Oral Federal N° 2) es el tribunal competente para ejecutar la medida patrimonial derivada de la condena por administración fraudulenta contra el Estado.
Defensa cuestionó la jurisdicción penal
La defensa de Kirchner argumentó que el decomiso no debería tramitarse en el fuero penal, sino en el ámbito civil o comercial. Señalaban que se trataba de una acción resarcitoria, no de una sanción penal, y acusaban a la Justicia de vulnerar sus garantías constitucionales y el derecho de propiedad.
Por su parte, los abogados de Báez sostuvieron que otro tribunal ya había resuelto condenas unificadas, e insistieron en que el nuevo decomiso implicaría una duplicación de sanciones, violando el principio legal de «ne bis in ídem». Significa literalmente en latín «no dos veces por lo mismo». Este aforismo expresa una garantía fundamental del Derecho penal y constitucional por la cual nadie puede ser juzgado ni sancionado más de una vez por los mismos hechos, siempre que exista una resolución firme ya sea condenatoria o absolutoria sobre el caso.
La postura del fiscal general
El fiscal general Mario Villar, en su dictamen, defendió con firmeza la competencia del TOF 2 para ejecutar la medida. Según él, el decomiso no es una pena privativa sino una consecuencia jurídica autónoma: su propósito es eliminar las ganancias patrimoniales obtenidas de forma ilícita, sin depender de la culpabilidad individual.
Además, Villar rechazó el argumento de doble sanción, señalando que cada decomiso responde a hechos concretos distintos con efectos patrimoniales independientes.
Validación del monto actualizado
Uno de los puntos más discutidos fue el cálculo. El Tribunal Oral Federal N° 2 fijó inicialmente un decomiso de 84.835 millones de pesos. Sin embargo, tras aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los peritos oficiales actualizaron la cifra hasta casi 685.000 millones.
La Cámara de Casación respaldó tanto esa metodología como el monto final estimado.
¿Por qué es relevante este fallo?
Este fallo refuerza el mensaje de que la justicia argentina puede avanzar incluso cuando los acusados son figuras políticas de alto perfil.
Establece un precedente en cómo se ejecutan las penas accesorias por corrupción: no solo prisión, sino medidas patrimoniales contundentes.
Pone en evidencia las tensiones entre diferentes jurisdicciones (penal vs civil) cuando se trata de sanciones económicas por delitos.
Reaviva el debate legal sobre el principio ne bis in ídem, clave para evitar sanciones múltiples por el mismo hecho.
Este fallo marca otro hito en la causa Vialidad, con efectos profundos en la política, la justicia y el patrimonio de los condenados. La decisión no solo ratifica la condena, sino que consolida una respuesta legal fuerte ante hechos graves de corrupción.
